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Por Reinaldo Millán de INS para Noticias Sur P.R.
Ponce, 16 feb (INS).- Carmen Elisa Rivera Ortiz, una artista gráfica que fue despedida del municipio de Ponce mientras estaba embarazada, y luego reinstalada para volverla a cesantear, demandó a la alcaldesa María Meléndez por hostigamiento laboral, represalias y discriminación.
La empleada demandó, además, al administrador de la ciudad, Arturo Picó Vals, y a sus supervisores inmediatos en la Oficina de Prensa, Luis Murphy y Rolando Ortiz.
En la demanda de Rivera Ortiz, por 150,000 dólares, se alega que la ex funcionaria municipal ha sufrido hostigamiento laboral y se le violaron sus derechos.
De acuerdo con su representante legal, la licenciada Pilar Muñoz, aunque labora en el municipio desde 2006, Rivera Ortiz comenzó a cobrar, como empleada de carrera, desde el 1 de septiembre del 2008, por lo que después de aprobar el periodo probatorio, el 1 de marzo del 2009, ella sólo podría ser removida de su puesto por justa causa y previa formulación de cargos.
Rivera Ortiz fue sometida a dos evaluaciones sobresalientes, pero en la segunda se le quitaron puntos por estar embarazada.
La empleada sostiene que el ex director de la Oficina de Prensa, Rolando Ortiz, en una actitud que ella interpretó de "totalmente hostigante, de acoso y discriminatoria" contra ella, le expresó que no le había otorgado una puntuación excelente en el acápite de “asistencia” porque “como éstas embarazada sé que tienes que faltar por algunas citas médicas”.
En la demanda se incluye información relacionada con las gestiones médicas que realizó la empleada con sus ginecólogos, pero que fueron obviadas por sus supervisores y la oficina de Recursos Humanos.
La empleada fue separada de su cargo el 30 de junio de 2009, en su octavo mes de embarazo, pero el 16 de julio decretaron la nulidad se su despido reinstalada al 1 de julio. En octubre, dos meses después de haber dado a luz, le aprobaron la licencia por enfermedad.
El 9 de noviembre se reintegró a sus funciones y el 28 de enero fue separada de su puesto.
"Sin embargo, en ánimo de persecución, acoso y hostigamiento hacia Carmen Rivera, el municipio de Ponce le decreta la nulidad de su nombramiento. El fundamento, ilógico y descarnado, por parte del municipio de Ponce es que, aunque fue nombrada el 1 de septiembre del 2008, su nombramiento fue registrado en el sistema de computadoras del municipio de Ponce, el 5 de septiembre del 2008", indicó la abogada en su demanda.
Para la licenciada Muñoz, resulta indispensable que el Tribunal emita un interdicto provisional, preliminar y permanente ordenándole al municipio de Ponce reinstalar a Rivera Ortiz en su puesto de carrera, como artista grafica en la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Relaciones Públicas del municipio de Ponce, en lo que se lleva a cabo el proceso administrativo.
Su abogada sostiene que de acudir, en primer término al ámbito administrativo de la Comisión Apeladora de Recursos Humanos, sus derechos no podrían ser vindicados hasta aproximadamente dentro de cinco años, ya que ese organismo está resolviendo, actualmente, querellas y apelaciones presentadas durante los años 2000-2004. INS
La empleada demandó, además, al administrador de la ciudad, Arturo Picó Vals, y a sus supervisores inmediatos en la Oficina de Prensa, Luis Murphy y Rolando Ortiz.
En la demanda de Rivera Ortiz, por 150,000 dólares, se alega que la ex funcionaria municipal ha sufrido hostigamiento laboral y se le violaron sus derechos.
De acuerdo con su representante legal, la licenciada Pilar Muñoz, aunque labora en el municipio desde 2006, Rivera Ortiz comenzó a cobrar, como empleada de carrera, desde el 1 de septiembre del 2008, por lo que después de aprobar el periodo probatorio, el 1 de marzo del 2009, ella sólo podría ser removida de su puesto por justa causa y previa formulación de cargos.
Rivera Ortiz fue sometida a dos evaluaciones sobresalientes, pero en la segunda se le quitaron puntos por estar embarazada.
La empleada sostiene que el ex director de la Oficina de Prensa, Rolando Ortiz, en una actitud que ella interpretó de "totalmente hostigante, de acoso y discriminatoria" contra ella, le expresó que no le había otorgado una puntuación excelente en el acápite de “asistencia” porque “como éstas embarazada sé que tienes que faltar por algunas citas médicas”.
En la demanda se incluye información relacionada con las gestiones médicas que realizó la empleada con sus ginecólogos, pero que fueron obviadas por sus supervisores y la oficina de Recursos Humanos.
La empleada fue separada de su cargo el 30 de junio de 2009, en su octavo mes de embarazo, pero el 16 de julio decretaron la nulidad se su despido reinstalada al 1 de julio. En octubre, dos meses después de haber dado a luz, le aprobaron la licencia por enfermedad.
El 9 de noviembre se reintegró a sus funciones y el 28 de enero fue separada de su puesto.
"Sin embargo, en ánimo de persecución, acoso y hostigamiento hacia Carmen Rivera, el municipio de Ponce le decreta la nulidad de su nombramiento. El fundamento, ilógico y descarnado, por parte del municipio de Ponce es que, aunque fue nombrada el 1 de septiembre del 2008, su nombramiento fue registrado en el sistema de computadoras del municipio de Ponce, el 5 de septiembre del 2008", indicó la abogada en su demanda.
Para la licenciada Muñoz, resulta indispensable que el Tribunal emita un interdicto provisional, preliminar y permanente ordenándole al municipio de Ponce reinstalar a Rivera Ortiz en su puesto de carrera, como artista grafica en la Oficina de Prensa, Comunicaciones y Relaciones Públicas del municipio de Ponce, en lo que se lleva a cabo el proceso administrativo.
Su abogada sostiene que de acudir, en primer término al ámbito administrativo de la Comisión Apeladora de Recursos Humanos, sus derechos no podrían ser vindicados hasta aproximadamente dentro de cinco años, ya que ese organismo está resolviendo, actualmente, querellas y apelaciones presentadas durante los años 2000-2004. INS
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