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Por Reinaldo Millán de INS para Noticias Sur P.R.
Ponce, 15 feb (INS).- El Tribunal de Apelaciones rechazó una petición de Injunction permanente contra el municipio de Ponce por el despido de 15 empleados presuntamente contratados en violación a la veda electoral de 2008, al sostener la decisión del Tribunal de Primera Instancia por carecer de jurisdicción.
Los jueces Abelardo Bermúdez Torres, Jorge Escribano Medina y José Miranda De Hostos determinaron el 15 de enero que el foro a seguir para su apelación es la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de recursos Humanos del Servicio Público, tal y como lo había determinado el Tribunal de Primera Instancia.
"Continuar con un procedimiento ordinario duplicaría el esfuerzo y malgastaría los recursos de ambos foros, pudiéndose atender y resolver la controversia en la esfera administrativa de forma adecuada, con el beneficio de su pericia y conocimiento aplicado", indica la sentencia.
Los empleados alegaban que el municipio había obviado la Ley 184 del 3 de agosto de 2005, la Ley de Municipios Autónomos y el Reglamento de Personal del Municipio, que establece que ningún empleado podrá ser despedido hasta que transcurran 30 días de haber sido notificados de la determinación de separarlo de sus puestos.
Las cartas de despido se produjeron 1 de junio de 2009, casi nueve meses desde que se reportara su contratación a la Oficina de Finanzas, el 7 de septiembre, tres días después del inicio de la veda electoral.
Los empleados reclaman que no les concedió el debido proceso de ley ya que la decisión de destituirlos pesó sobre la notificación a la división de nómina de la Oficina de Finanzas, realizada posteriormente a la juramentan y toma de posesión de sus cargos el 4 de septiembre.
La demanda la encabeza Lourdes González García, y en la misma aparecen Carmen Rivera Ortiz, Jaidy González maldonado, Linel Tristani, Michelle Colazo, Lucelnettte Vega, Zenaida Dalice Salomé Figueroa, Hilda Cintrón, Omar Vázquez, Eduardo cruz, Jonathan Pérez, Albert Motalvo, Jorge Borrero, Jonathan Acevedo y Jorge Luis Mercado.
A la demanda se le agregó la empleada Carmen Rivera Ortiz, quien reclamó que por estar embarazada no correspondía su despido, pero de igual modo el Tribunal de Apelaciones opinó que su caso tiene remedio en el foro administrativo. INS
Los jueces Abelardo Bermúdez Torres, Jorge Escribano Medina y José Miranda De Hostos determinaron el 15 de enero que el foro a seguir para su apelación es la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de recursos Humanos del Servicio Público, tal y como lo había determinado el Tribunal de Primera Instancia.
"Continuar con un procedimiento ordinario duplicaría el esfuerzo y malgastaría los recursos de ambos foros, pudiéndose atender y resolver la controversia en la esfera administrativa de forma adecuada, con el beneficio de su pericia y conocimiento aplicado", indica la sentencia.
Los empleados alegaban que el municipio había obviado la Ley 184 del 3 de agosto de 2005, la Ley de Municipios Autónomos y el Reglamento de Personal del Municipio, que establece que ningún empleado podrá ser despedido hasta que transcurran 30 días de haber sido notificados de la determinación de separarlo de sus puestos.
Las cartas de despido se produjeron 1 de junio de 2009, casi nueve meses desde que se reportara su contratación a la Oficina de Finanzas, el 7 de septiembre, tres días después del inicio de la veda electoral.
Los empleados reclaman que no les concedió el debido proceso de ley ya que la decisión de destituirlos pesó sobre la notificación a la división de nómina de la Oficina de Finanzas, realizada posteriormente a la juramentan y toma de posesión de sus cargos el 4 de septiembre.
La demanda la encabeza Lourdes González García, y en la misma aparecen Carmen Rivera Ortiz, Jaidy González maldonado, Linel Tristani, Michelle Colazo, Lucelnettte Vega, Zenaida Dalice Salomé Figueroa, Hilda Cintrón, Omar Vázquez, Eduardo cruz, Jonathan Pérez, Albert Motalvo, Jorge Borrero, Jonathan Acevedo y Jorge Luis Mercado.
A la demanda se le agregó la empleada Carmen Rivera Ortiz, quien reclamó que por estar embarazada no correspondía su despido, pero de igual modo el Tribunal de Apelaciones opinó que su caso tiene remedio en el foro administrativo. INS
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